La Justicia Federal procesó a la ex funcionaria provincial Silvia Quevedo
Está acusada de entregarle votos marcados a electores de Nogolí que debían sufragar en las elecciones de 2017 por la lista de candidatos de los hermanos Rodríguez Saá, para mantener o acceder a los planes sociales del Gobierno provincial.
El juez Federal, Juan Maqueda procesó a Silvia Quevedo que durante la última campaña electoral se desenvolvió como funcionaria del Gobierno provincial. Era la directora del Hospital de Nogolí.
Quevedo, la actual intendente de Nogolí, Claudia Pinelli y dos punteros de Unidad Justicialista fueron denunciados un día antes de las elecciones del 22 de octubre por los apoderados de Avanzar y Cambiemos.
Los denunciantes detectaron las maniobras y pudieron acceder a las boletas marcadas con las cuales se obligaba a votar a vecinos de la zona.
Desde el juzgado Federal confirmaron hoy a El Chorrillero la medida que alcanza a la ex funcionaria del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Quevedo que se desempeñó como fiscal en la escuela de Nogolí, fue procesada por “compeler a tres electores de esa localidad a votar a favor del Frente Unidad Justicialista bajo amenaza de no acceder o mantener los planes sociales que se le habían ofrecido”, explicó el fiscal Cristian Rachid en declaraciones a elchorrillero.com.
En la causa, los involucrados están acusados de violar el artículo 139 inciso B del Código Electoral Nacional.
En el recuento aparecieron 65 votos irregulares en Nogolí.
En el caso de Pinelli se dictó la falta de mérito porque “no hay una expresa y concreta referencia en la intervención en los hechos que se le imputan, solamente se la nombra, ahora el juez tiene que juntar más pruebas para ver si la procesa”, señaló Rachid
Nancy Escudero, otra de las acusadas, había sido señalada por los tres hechos al igual que Quevedo. El juez la procesó sólo por uno.
El cuarto involucrado, Nicando Hilario Amieva quien habría intervenido en la entrega de boletas marcadas a dos electores, hasta el momento no prestó declaración indagatoria porque permanece internado.
La intendenta Claudia Pinelli en el juzgado Federal el 14 de noviembre.
Rachid apeló la falta de mérito de Pinelli. También cuestionó la decisión de no procesar a Escudero por los otros dos hechos.
“Acabo de hacer la apelación, pedí que se forme un incidente y que me devuelvan la causa para seguir investigando. Hay medidas de prueba que todavía me quedan pendientes, para reforzar la imputación originaria y eventualmente ampliar nuevos casos si es que aparecen”, aseguró el funcionario.
En este sentido, el fiscal entiende que al no estar concluida la investigación, podrían haber más personas involucradas en la causa. A eso apunta averiguar a través de las próximas medidas que impulsará.
Quevedo procesada
La ex funcionaria coordinó las maniobras para canalizar los beneficios sociales y mandó a Escudero y Amieva a entregar las boletas marcadas con un código, conformado por una letra y un número. De esa manera, se aseguraban que votaran a la lista de los hermanos Rodríguez Saá o perderían los beneficios.
De acuerdo a la denuncia que hicieron los apoderados del Frente Avanzar y Cambiemos, la letra “P” correspondía al Plan de Inclusión Social, “M” a los merenderos, “PB” a Pañuelos Blancos, la “H” a Hospital, mientras que los números se relacionaban a la identidad de la persona que recibió el voto.
“Detectamos que primero se le ofrecía un beneficio social, o incluso la entrega de dinero y como condición para poder acceder o mantenerlo se le exigía luego que votaran con la boleta que la entregaban Escudero y Amieva según los casos que tenemos detectados”, aseguró el fiscal.
A través de este sistema se llegaba a la identificación de las personas que votaron por la lista de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá que encabezaron la lista como candidatos a senadores nacionales del FUJ.
La nómina la completaban Pinelli en la intendencia; Karim Alume, Victoria Rosso y Alberto Geraiges para diputados nacionales; Mabel Leyes en la categoría de senadora provincial y Rosa Calderón, Luis Aimeva y Norma Rosa Villegas como diputados provinciales.
“La función que cumplirían después dentro de ese plan criminal tanto Quevedo y Escudero como fiscal de mesa, era el recuento de votos, controlar que esas boletas marcadas aparecieran, entonces de esa forma y ya confrontando con una lista que ellos tenían de los electores se podía llevar un control posterior y luego retirarle el beneficio o no concedérselo”, precisó.
Asimismo, Rachid expresó que el sistema “funcionaba como un condicionamiento a la voluntad electoral, entonces con sólo eso ya está configurado el delito que en definitiva es imponer ilegítimamente a un votante sobre cómo debe hacerlo”.
Ahora la Cámara Federal de Mendoza tendrá que resolver las apelaciones.